Justo ahora, cuando se intenta imponer desde el Estado una visión única de la felicidad, y se contaminan los programas sociales al utilizarlos como instrumento de manipulación política, es necesario aclarar los principios que deben regir nuestras propuestas en cuanto a la política social.
Entendemos la justicia social como la situación en la que todos los venezolanos tenemos la posibilidad real de acceder a oportunidades para labrar nuestro propio camino al éxito, sin que la pobreza condene a nadie a un destino menos favorable. Avanzar hacia la justicia social es un requisito para que los venezolanos seamos cada vez más libres.
Un ciudadano es realmente libre cuando es capaz de concebir su propia felicidad y de realizar las acciones que le lleven a alcanzarla, siempre que éstas no afecten la libertad de otros. Para ser verdaderamente libre se necesitan conocimientos, buena salud, buena alimentación, salubridad y servicios básicos en la vivienda y seguridad personal. Para Voluntad Popular, el acceso a estos elementos define la vida digna, y que todos los venezolanos la alcancemos constituye un punto de honor.
Consideramos que la mejor forma de garantizar el acceso mancomunado a estos elementos es a través de su oferta competitiva y descentralizada, otorgando mayor libertad de elección a los usuarios, en el marco de una regulación justa y supervisión rigurosa de su prestación. Los ciudadanos deben contar con financiamiento público a los servicios de educación y salud, con condiciones favorables para acceder a una vivienda digna, y con infraestructura de transporte, comunicaciones y servicios que les permitan insertarse productivamente a la actividad económica.
Consideramos que para avanzar hacia la justicia social son vitales los programas asistenciales de inclusión social para aquellos ciudadanos, quienes por su situación de pobreza o por condiciones de vida particulares, no pueden acceder al sistema formal de prestación de servicios públicos o al mercado laboral. Cada uno de estos programas debe estar focalizado en una necesidad particular, y debe estar diseñado como una “Puerta de Salida”, en el sentido de que busca proveer al beneficiario de capacidades para trascender por si mismo su situación inicial.
En la Venezuela que Queremos, la provisión de todos estos elementos debe ser el resultado de la acción cooperativa y coordinada entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. El acceso a los mismos no está supeditado a vinculación partidista alguna, ni depende de la renuncia a otros derechos ciudadanos.
Nadie puede definir la felicidad y el bienestar de los ciudadanos mejor que los mismos ciudadanos. Así pues, en la Venezuela que Queremos, el Estado utiliza la política social como herramienta para empoderar a los ciudadanos en su búsqueda individual de felicidad a través del apoyo colectivo.
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