Instituciones y capital social
Fomentamos el desarrollo de reglas de juego para organizar la convivencia pública que premien los comportamientos adecuados y castiguen los comportamientos al margen de la ley.
Sostenemos que la aplicación uniforme de la ley constituye la mejor forma de reforzar el círculo virtuoso de funcionamiento y credibilidad de las instituciones.
Promovemos la creación de redes de organizaciones ciudadanas que desarrollen relaciones estables de cooperación y que permitan alcanzar objetivos comunes en un clima de confianza recíproca. Para nosotros el capital social es el cemento de las instituciones.
Promovemos la organización del pueblo en todos sus niveles al tiempo que rechazamos la pretensión del Estado de controlar a las organizaciones de la sociedad civil y entrometerse en las redes sociales para quebrar su independencia y ponerlas al servicio del partido de gobierno.
Propugnamos el sometimiento pleno de los poderes del Estado al Derecho. Para hacer realidad este principio, luchamos por un sistema de justicia independiente que garantice los derechos ciudadanos, sin discriminaciones, frente a la prepotencia y las arbitrariedades del poder.
Planteamos escoger las máximas autoridades del sistema de justicia con base en los méritos académicos y no con base en la incondicionalidad a una causa política.
Las Fuerzas Armadas: voluntad de defensa al servicio de todos
Partimos de la base que las Fuerzas Armadas están para defender a la sociedad, y no para definirla ni administrarla.
Para defender a toda la sociedad, ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza y de las armas.
Defendemos el principio de subordinación de la autoridad militar al poder civil, electo bajo reglas equitativas y transparentes.
Entendemos que los miembros de las Fuerzas Armadas han sido empujados a situaciones límite en los últimos años, pero recalcamos la obediencia que deben por encima de todo a la Constitución y a la institucionalidad democrática.
Nos solidarizamos con los miembros de las Fuerzas Armadas que antes de ponerse al servicio de una parcialidad política han permanecido leales al mandato constitucional de no deliberancia.
Nos solidarizamos, igualmente, con los miembros de la Fuerza Armada que se han negado a ponerse bajo las órdenes de países extranjeros.
Exhortamos a sus miembros a no cumplir órdenes contrarias a la Constitución ni a reprimir a los venezolanos que protestan frente al atropello de sus derechos.
Repudiamos la doctrina de seguridad nacional que parte de considerar como enemigos internos a los que se oponen democráticamente a los detentadores circunstanciales del poder.
Postulamos una doctrina militar democrática y nos desmarcamos de la doctrina militar de la seguridad de nacional, asociada a las dictaduras militares de otras épocas que han ensombrecido nuestro continente.
Advertimos con preocupación de la existencia de colectivos armados que ejercen soberanía sobre sectores de nuestro territorio frente a la mirada indiferente del alto mando militar.
Venezuela ante el mundo: voluntad para triunfar a escala global
Rechazamos la visión derrotista según la cual tenemos todo que perder y nada que ganar de la globalización y del intercambio comercial con el mundo.
Consideramos que los venezolanos tenemos el talento, la ambición y la seguridad en nosotros mismos como para estar a la altura de los retos que implica un mundo globalizado. Por tanto, vemos en la globalización una oportunidad y no una amenaza para nuestro desarrollo.
Rechazamos las explicaciones que atribuyen nuestro atraso al progreso de los demás y nuestro fracaso relativo al éxito de otras sociedades. Son excusas complacientes impropias de un país soberano y con 200 años de fundado. De igual forma descartamos por inútiles las explicaciones deterministas según las cuales nuestro pasado remoto nos condena a un pobre desempeño institucional en el presente.
Rechazamos cualquier pretensión de injerencia de otros países en los asuntos internos de los venezolanos, provenga de donde provenga, sea esta cubana, brasileña, argentina, rusa o norteamericana.
Pero con igual contundencia rechazamos la utilización de la soberanía para escudar violaciones a los derechos humanos de los venezolanos y el atropello a valores universales de nuestra civilización como el Estado de Derecho y la legitimidad de origen y de ejercicio del poder.
Sostenemos que el papel de nuestra política internacional es abrir mercados y oportunidades para que los ciudadanos venezolanos puedan participar en condiciones equitativas en el comercio internacional y en el intercambio educativo y cultural con el mundo. Rechazamos por discriminatoria y antinacional la política socialista de privilegiar a los inversionistas extranjeros de países afectos al gobierno y de otorgarle un trato más favorable que a los nacionales.
Condenamos las limosnas a otros países cuando existen tantas carencias en el nuestro. Reafirmamos que la caridad comienza por casa.
Planteamos cultivar y fortalecer las relaciones con los países que defienden la compatibilidad entre la libertad y el desarrollo económico y social de los pueblos, y poner distancia con aquellos países que discriminan, maltratan y subordinan a la mujer y promueven la intolerancia religiosa y el terrorismo.
El pasado y el futuro: voluntad de justicia, transición y reconciliación.
Más temprano que tarde, la libertad prevalecerá sobre el autoritarismo y Venezuela iniciará un proceso de reencuentro democrático.
Entendemos que un país que emerge de un gobierno autoritario para iniciar una transición hacia la democracia tiene dos grandes responsabilidades: una con el pasado y otra con el futuro.
La primera responsabilidad es con las víctimas de la represión, las violaciones a los derechos humanos y la discriminación. Con aquellos que fueron asesinados, encarcelados, perseguidos o maltradados por el poder y por los grupos que actúan a su sombra, con la complicidad de un sistema de poderes secuestrado y un derecho injusto.
La segunda responsabilidad es con el futuro: inagurar una nueva etapa de conviviencia democrática, con instituciones sólidas, que impida un retorno al autoritarismo.
La primera obligación exige garantizar a las víctimas y a sus familiares que se hará todos los esfuerzos para descubrir la verdad y hacer justicia. Entendiendo, eso si, que muchos que nos parecen cómplices del sistema fueron en realidad sus víctimas.
Con la misma determinación que afirmamos nuestra voluntad de reconciliación y entendimiento con el adversario, dejamos claro que no cambiaremos impunidad por paz. Perdonar, si, olvidar nunca. Poner a la luz de todos la verdad que durante años ha sido ocultada y distorsionada por medios y poderes complacientes es una prioridad para sanar las heridas abiertas a lo largo de estos años. Ese es nuestro punto de partida para el diáologo y el respeto mutuo.
La segunda obligación exige sentar las bases de un nuevo contrato social aceptado por la pluralidad del país que asegure la estabilidad democrática, el respeto a las minorías y la alternabilidad del poder.
Para entonces poder elevarnos por encima de nuestras diferencias, ser más grandes que todos los factores que nos separan y apelar a lo que nos une: la voluntad de vivir en libertad.
0 comentarios:
Publicar un comentario